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Atraer la inversión a cualquier coste, tiene una desventaja frente a un empresario que no tiene escrúpulos en venir y marcharse cuando le plazca. Los gobiernos son reacios a tomar medidas de represalia, ya que supone una mala señal frente a otros inversores extranjeros. Sin embargo, lo que haría falta es confiscar la propiedad de quien destruye numerosos puestos de trabajo. Pero el Estado hace malabares con las palabras lo suficientemente fuertes para convencer a los trabajadores de que "la política" está de su lado, y que debe actuar prudentemente para garantizar a los inversores que no habrá hostilidad hacia ellos. Pero no a favor de los empleados que pierden sus puestos de trabajo.