Los resultados electorales dejan un escenario parlamentario fragmentado, que en boca de algunos anuncia “un nuevo tiempo”, “una segunda transición”, o la posibilidad de una salida “de ruptura” con el "Régimen del 78".
Todos los días se producen ríos de tinta sobre los “gestos”, las ruedas de prensa, y se analiza en términos teatrales las exploraciones para formar un nuevo gobierno.
En lo que si coinciden casi todos es en el uso de lugares comunes como “cambio”, “reforma”, “regeneración”, “progreso”... que esconden tras una nubelosa insondable lo que unos u otros gobiernos representen en términos de intereses sociales. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa con los recortes? ¿Con la reforma laboral? ¿Van a seguir los trabajadores pagando la crisis?
Mientras el desapego hacia “los políticos” aumenta ante el grotesco espectáculo servido por los grandes medios, los ejes centrales de las preocupaciones populares, y de las discusiones para la formación de gobierno quedan fuera de los focos.
Sin embargo es el descontento con causa en las condiciones materiales de vida de la gente, muy deterioradas desde el inicio de la crisis por el paro, la disminución de salarios y aumento de la precariedad, la emigración, etc... y el aumento de las desigualdade s sociales el que ha impulsado los cambios en las correlaciones parlamentarias y sigue siendo esto y no la “unidad de españa” (que preocupa a menos del 3% de los españoles según la última encuesta del CIS 1 ) lo que debería ponerse en el centro del debate.
La comparación entre la propuesta de Podemos al PSOE para formar gobierno 2, la contestación del PSOE 3, y el acuerdo provisional alcanzado entre PSOE y Ciudadanos 4, permite clarificar, más allá de las declaraciones de unos y otros, las distintas posiciones, y los límites del impulso de “cambio” político actual.
La propuesta de PODEMOS y la contestación del PSOE:
Podemos lanzaba al PSOE su propuesta de gobierno. Los medios de comunicación y los portavoces políticos ponían en primer plano aspectos como el derecho de autodeterminación o “el reparto de sillones”, pero incluía otras medidas que son rechazadas frontalmente por el PSOE, como:
1. Aumento de los ingresos y el gasto público hasta un 10% del PIB
Paliar la pobreza y las desigualdades sociales mediante la redistribución estatal. Aumentar el gasto social mediante el aumento del presupuesto público subiendo impuestos, luchando contra el fraude y renegociando los términos del pago de la deuda con Bruselas.
El PSOE responde que sí se podría aumentar “algo” el gasto social, pero que las cuentas presentadas son irreales, la subida de impuestos podría perjudicar la recuperación, y la deuda es una obligación innegociable.
2. Someter al interés social las ganancias de las grandes empresas energéticas: “El suministro energético recuperará su carácter de servicio público, los hogares vulnerables tendrán garantizado un consumo mínimo vital. El coste de esta medida será asumido por las empresas suministradoras proporcionalmente a su volumen de negocio”; y potenciar un cambio de modelo energético mediante la creación de banco público fusionando Bankia y Mare Nostrum.
El PSOE ni siquiera contesta a esta propuesta, pero podíamos suponer cual sería su respuesta, cuando sin ir más lejos 5hay decenas de sus altos cargos colocados en esos mismos grandes monopolios del sector eléctrico.
A pesar de ser una propuesta indefinida de alcance difuso y en cualquier caso limitado, es una propuesta peligrosa para el “stablishment”, porque reivindica abiertamente el papel social por encima de la propiedad privada, cuestionaría los fundamentos del “libremercado” y previsiblemente contaría con un amplio respaldo popular (frente a uno de los sectores empresariales más odiados por el pueblo, entre otras cosas por las abultadas facturas que llegan todos los meses a los trabajadores y las amenazas de corte caso de impago mientras esos monopolios obtienen inmensos beneficios: Gas Natural o Enagás alcanzaron beneficios record en 2015 6).
Como era de esperar, la patronal de la energía ha puesto el grito en el cielo con estas propuestas, “no respetar la propiedad privada o la libertad económica están fuera de la ley, y si la legislación se cambiase los empresarios lo combatirían con todas sus fuerzas”.
Los portavoces más estridentes del liberalismo también se lamentan 7: “Ni que decir tiene que esa batería de propuestas que Podemos quiere llevar a cabo si forma gobierno con el PSOE supondrían la nacionalización de facto del sector eléctrico español. Ese ha sido un objeto de deseo de Iglesias, que ahora pretende llevar a cabo por la vía indirecta de la quiebra del sector.”... y “¿Se imaginan cuánto durarían en pie los bancos españoles si se les añaden nuevas tasas impositivas que supondrían más de 80.000 millones y se les obligara a competir con unas entidades públicas primadas por el Estado?”
3. Un nuevo Estatuto de los Trabajadores más garantista (despidos, contratos, horas extraordinarias, convenios...) aunque sin definir en detalle.
La legislación laboral es una herramienta útil para combatir la desigualdad porque incide directamente en el reparto de la riqueza creada en la producción entre los trabajadores y los beneficios empresariales, y en las condiciones de vida cotidianas de millones de trabajadores.
La propuesta de Podemos supondría cuando menos volver atrás de la reforma laboral del PP, recuperando garantías en los despidos o recuperando poder la negociación colectiva. Además algunas de las propuestas incluidas supondrían un reforzamiento de los derechos de los trabajadores que ayudaría a reducidir el nivel de explotación y despotismo patronal en los tajos.
En su contestación, el PSOE dice que “son coincidentes las propuestas para asegurar el pleno cumplimiento de la normativa laboral y reducir el fraude en la contratación, así como para impulsar una regulación de las horas extraordinarias que limite los abusos”, que es tanto como no decir nada.
4. Podemos propone renegociar plazos y términos de la deuda con Bruselas, flexibilización presupuestaria (derogación de la ley de estabilidad presupuestaria), en definitiva una oposición negociada al problema de la deuda y la austeridad.
Las políticas de austeridad presupuestaria impuestas por la Troika, en parte consecuencia del rescate de los bancos privados con fondos públicos se han traducido directamente en recortes y erosión de los servicios y prestaciones públicas, afectando las condiciones de vida de cientos de miles de personas. La lógica de la austeridad estrangula las políticas nacionales y la soberanía de los estados.
El PSOE contesta que “no parece nada realista pensar que la Comisión Europea vaya a aceptar incumplimientos tan fragrantes de los objetivos de déficit”, “La renegociación del pago de la deuda del rescate es sencillamente inviable” , “Un excesivo aumento del gasto público en tan solo cuatro años, pondría en riesgo la incipiente y vulnerable recuperación económica”... En definitiva una sumisión total a los dictados de la Troika.
El acuerdo del PSOE y Ciudadanos
Mientras Podemos, IU – UP y Compromís intentaban atraer al PSOE a sus posiciones, este último cerraba un acuerdo con Ciudadanos. El acuerdo supone un portazo a todas las propuestas de Podemos que van algo más allá de una declaración de intenciones contra la “desigualdad”.
El documento, bautizado como “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso”, hace suyas algunas de las propuestas patronales en cuanto a “reforma del mercado laboral”, en sus palabras “una redefinición del marco de relaciones laborales que cierre la brecha entre contratos temporales y fijos”. Para ello proponen llamar “estable y progresivo” al contrato temporal, abaratar aún más el despido, y facilitar la contratación temporal. Las diferencias en las indemnizaciones serían:
Más importante que los números en sí, es el hecho de que en el único aspecto en que realmente profundizan hasta plantear algo concreto, es para reformar en mayor perjuicio de los trabajadores lo ya existente. Como se refiere en la web de legislación laboral laboro.es 8, “Las reformas laborales pueden ser buenas o malas para el trabajador, pero ésta sería muy negativa al menos a efectos de indemnización de despido. Como es obvio, al ser negativa en indemnizaciones de despido es negativa en cualquier otro aspecto. Supongamos que rebajaran la jornada máxima a 37h semanales. ¿Y qué? El trabajador seguramente haría las horas que le salieran de las narices al empresaurio: 40, 45 o 50 o las que fueran y si no le despide, así de sencillo. ¿Que el despido no es gratis? Efectivamente no lo es, pero con esta nueva reforma sería más barato otra vez.”
No han pasado ni 24 horas desde su acuerdo y ante las polémicas suscitadas parece que PSOE-Cs ya anuncian que modificarán su propuesta, pero lo cierto es que el "gobierno reformista y de progreso" ya ha enseñado la patita por debajo de la puerta.
Algunas conclusiones
La situación social es crítica con el aumento del paro, la precariedad y las desigualdades sociales. Mientras el número de millonarios aumenta, los salarios y las pensiones bajan. Los trabajadores y la mayoría del pueblo han venido cargando con la crisis a sus espaldas, y esto impulsó una nueva correlación electoral con la esperanza del “cambio”.
Sin embargo, los espacios de coincidencia real entre PSOE y las fuerzas a su “izquierda” se limitan a medidas redistributivas muy limitadas de aumento del gasto social y reforma fiscal, que no pueden más que superficialmente incidir en los grandes problemas sociales.
Las propuestas que plantean intervenir más directamente la acumulación de los beneficios empresariales y la lógica del “mercado” para solucionar los problemas sociales son rechazadas de plano por el PSOE o reducidas a migajas y papel mojado, y sólo serían apoyadas por Podemos e IU (6 millones de votos, el 24% del total).
Otro de los puntos de conflicto es el acatamiento de la lógica de la austeridad de Bruselas que estrangula los presupuestos y las políticas nacionales. El PSOE, él mismo co-autor de la reforma del 135.3 CE tras recibir la llamada de atención del Banco Central Europeo y el Banco de España 9, rechaza cualquier desvinculación unilateral y renegociación de los términos lo que bloquea dicha posibilidad.
Estos serían los únicos elementos que realmente preocupan a la gran patronal y los megaricos, y podrían tener un respaldo parlamentario de en torno al 20% de los diputados.
Caso de repetirse las elecciones la correlación electoral podría variar algo, pero estas medidas encontrarían fuertes resistencias por un bloque mayoritario de PP, Cs y PSOE.
Al hablar de futuros escenarios parlamentarios y de “gobiernos de cambio” debemos distinguir:
i- El “bipartidismo” que encarnado en PSOE y PP venía gestionando el sistema institucional de la monarquía parlamentaria.
ii- La estructura institucional en sí, la ley electoral, la composición y funciones de las cámaras, la constitución...
iii- El “régimen” de libre-mercado por el que los grandes accionistas y propietarios siguen rehaciendo sus ganancias sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo.
La situación actual muestra un bipartidismo agrietado, y una mayor fragmentación parlamentaria, demostrando nuevamente que sólo la movilización social puede orientar leyes o gobiernos hacia uno u otro lado, dentro de los márgenes que marcan las correlaciones parlamentarias, pero más allá de eso, las propuestas de gobierno que supongan intervenir, aún tímidamente, los beneficios empresariales, los grandes patrimonios y las leyes del mercado en favor de la clase trabajadora y el pueblo, no cuentan a nivel parlamentario con un respaldo mayoritario, y sí con la perspectiva de ser bloqueadas por las principales fuerzas políticas (PP, PSOE, Cs), además de por el entramado legal, constitucional y de la UE del que formamos parte.
El escenario actual es desfavorable para “el cambio”. A corto plazo es necesario plantear un programa que incida en los graves problemas sociales basándose en impuestos sobre los grandes capitales y fortunas. También parece viable, si los sindicatos y organizaciones sociales presionan en torno a ello, la derogación de algunas de las medidas más reaccioniarias del anterior gobierno como la reforma laboral o la ley mordaza.
Pero para solucionar la desigualdad, el consumismo, para realizar una verdadera transformación del tejido productivo hacia energías sostenibles, para ampliar la cobertura social (con los ancianos, desprotegidos...), para poder realizar una investigación en áreas no rentables económicamente pero sí socialmente, es necesario una sociedad que se base en el control y la planificación democrática de la economía.
Para avanzar en esa dirección es importante denunciar los intereses detrás de cada propuesta de gobierno, las concepciones liberales y de “respeto del libremercado” para solucionar los grandes problemas sociales, y a quienes bajo la apariencia del “cambio”, esconden las mismas recetas que nos seguirán estancando en esta grave situación social.
Referencias:
[1] http://ctxt.es/es/20160203/Politica/4104/Unidad-Espa%C3%B1a-CIS-EPA-paro...
[2] http://www.eldiario.es/politica/DOCUMENTO-Gobierno-Podemos-PSOE-IU_0_484...
[3] http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/02/20/documento_psoe_podemos...
[4] http://www.psoe.es/media-content/2016/02/acuerdo-gobierno-reformista-y-d...
[5] http://www.elmundo.es/cronica/2014/02/23/530881d922601da2168b456c.html
[6] http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/6374734/01/15/...
[7] http://www.elmundo.es/economia/2016/02/19/56c619ec268e3e552c8b458c.html
[8] http://laboro-spain.blogspot.com.es/2016/02/despido-acuerdo-psoe-ciudada...
[9] http://www.elconfidencial.com/mercados/inversion/2014-12-19/las-cartas-d...